Neutralidad que no existe: cómo el periodismo científico se convierte en altavoz del poder institucional

Hay una escena que se repite con llamativa regularidad en los medios de comunicación especializados en ciencia. Un periodista recibe la nota de prensa de una universidad o laboratorio farmacéutico, consulta a dos o tres expertos del mismo ecosistema institucional, y publica un artículo que reproduce, casi sin fricción, el relato que le han entregado. El titular celebra el descubrimiento. La fuente de financiación aparece, si acaso, en el último párrafo. Las voces críticas, sencillamente, no existen.

Esto no es un accidente. Es el resultado de una ideología que se presenta como ausencia de ideología: la objetividad periodística.

El mito fundacional de la neutralidad

La objetividad como norma profesional del periodismo moderno tiene una historia concreta. Surgió en el siglo XX como respuesta a la prensa abiertamente partidista, y se consolidó como estándar en las redacciones anglosajonas que luego exportaron su modelo al resto del mundo. La idea era seductora: el periodista no opina, no toma partido, simplemente reporta los hechos.

El problema es que esta postura nunca fue realmente neutral. Decidir a quién entrevistar, qué datos incluir, qué ángulo destacar en el titular o qué contexto omitir son todas decisiones editoriales que implican juicios de valor. La neutralidad declarada no elimina esas elecciones; simplemente las vuelve invisibles, y al hacerlas invisibles, las sustrae del escrutinio crítico.

En el periodismo científico, este mecanismo adquiere una dimensión especialmente problemática. La ciencia goza de una autoridad epistémica que otras instituciones han perdido. Cuando un medio presenta una investigación como «lo que dice la ciencia», activa en el lector una disposición de confianza difícil de cuestionar. Y si esa presentación ya venía cargada de los sesgos del sistema institucional que produjo la investigación, el lector ha recibido, sin saberlo, propaganda con bata blanca.

Conflictos de interés que desaparecen en el titular

Consideremos algunos patrones documentados. Durante décadas, la industria del azúcar financió investigaciones que desviaban la atención científica hacia las grasas como causa principal de enfermedades cardiovasculares. Estas investigaciones fueron publicadas en revistas revisadas por pares y cubiertas por los medios como hallazgos legítimos. La fuente de financiación rara vez ocupó un lugar prominente en la cobertura. El resultado fue una narrativa nutricional que tardó generaciones en corregirse y que causó un daño mensurable en la salud pública.

O pensemos en la cobertura de los ensayos clínicos farmacéuticos. Estudios sistemáticos han demostrado que los ensayos financiados por la industria tienen significativamente más probabilidades de arrojar resultados favorables al producto que los financiados con fondos públicos. Sin embargo, la prensa científica tiende a tratar ambos tipos de estudios con el mismo nivel de credibilidad, como si el origen del dinero fuera un dato irrelevante para evaluar la solidez de los resultados.

Esta no es una crítica a la ciencia como proceso. Es una crítica a cómo el periodismo científico, al perseguir la apariencia de neutralidad, abdica de su función más básica: contextualizar, interrogar y poner en perspectiva.

Las voces que el consenso no escucha

Uno de los efectos más silenciosos de esta lógica es la exclusión sistemática de perspectivas que desafían el consenso dominante. Hay una diferencia importante entre el negacionismo infundado —que merece ser tratado como tal— y la disidencia científica legítima que proviene de investigadores con credenciales sólidas pero que cuestionan paradigmas establecidos o señalan aristas incómodas de los datos.

El periodismo de objetividad performativa tiende a colapsar esa distinción. Si el consenso institucional apunta en una dirección, cualquier voz que apunte en otra dirección es sospechosa por defecto. Esto crea un ecosistema mediático donde los científicos aprenden rápidamente qué tipo de conclusiones son «publicables» y cuáles los excluirán del circuito de citación y cobertura. La autocensura no requiere censores: basta con que el sistema de recompensas esté suficientemente claro.

En España y América Latina, este fenómeno se entrelaza además con la concentración mediática. Cuando unos pocos grupos editoriales controlan la mayor parte de los medios especializados, las decisiones sobre qué investigaciones merecen cobertura y cuáles no se toman en un espacio muy reducido, con criterios que no siempre son transparentes y que a menudo reflejan intereses corporativos o políticos de los propios conglomerados.

La falsa equivalencia como trampa simétrica

Sería injusto no señalar que el error opuesto existe y también es real. Algunos medios, en un intento de parecer equilibrados, han caído en la trampa de la falsa equivalencia: tratar como si tuvieran el mismo peso epistémico a una comunidad científica abrumadoramente mayoritaria y a una minoría de voces disidentes sin respaldo empírico comparable. La cobertura del cambio climático durante los años noventa y dos mil fue un ejemplo paradigmático de este problema.

Pero la solución a la falsa equivalencia no es la deferencia acrítica hacia las instituciones. Es el desarrollo de un periodismo científico que sea capaz de distinguir entre el peso de la evidencia y el peso del prestigio institucional, que entienda la diferencia entre consenso científico genuino y consenso manufacturado por intereses económicos, y que trate la financiación, los conflictos de interés y las condiciones materiales de producción del conocimiento como datos periodísticos de primera importancia.

Pensar la divulgación como acto político

Reconocer que la divulgación científica es siempre un acto político no significa abandonar el rigor ni abrazar el relativismo. Significa asumir que toda elección editorial —a quién se cita, qué se omite, cómo se enmarca un hallazgo— tiene consecuencias sobre quién tiene poder para definir la realidad compartida.

Un periodismo científico verdaderamente comprometido con el conocimiento debería hacer explícitas sus propias limitaciones y sesgos, rastrear los flujos de financiación con la misma diligencia con que verifica los datos de un experimento, dar espacio a las metodologías y no solo a las conclusiones, y cultivar fuentes que estén fuera del circuito habitual de portavoces institucionales.

Nada de esto es fácil en un ecosistema mediático que premia la velocidad, los titulares impactantes y la deferencia hacia las fuentes que garantizan el acceso continuo a información. Pero la alternativa —un periodismo que confunde la reproducción del poder con la descripción de la realidad— tiene un coste epistémico y político que las sociedades democráticas no pueden permitirse ignorar.

La objetividad, como ha señalado la filósofa de la ciencia Lorraine Daston, no es una propiedad natural de la mente humana ni de las instituciones que los humanos construyen. Es una aspiración que requiere esfuerzo, autocrítica y estructuras que la hagan posible. Pretender haberla alcanzado simplemente porque se han silenciado las propias opiniones es, paradójicamente, una de las formas más eficaces de abandonarla.