Las preguntas prohibidas: cuando el método científico decide qué saberes merecen existir

Existe una paradoja en el corazón de la epistemología contemporánea: la institución que más ha contribuido a liberar al ser humano de dogmas autoritarios ha construido, al mismo tiempo, su propio sistema de autoridad. La ciencia occidental, en su versión institucionalizada, no solo responde preguntas; también determina cuáles preguntas son dignas de ser formuladas.

Esta función clasificatoria —tan poco discutida como profundamente influyente— tiene consecuencias que se extienden mucho más allá de los laboratorios y las revistas académicas.

El mapa que borra territorios enteros

Cuando los primeros etnobotánicos europeos llegaron a América, Africa y Asia, encontraron sistemas de conocimiento médico elaborados durante milenios: clasificaciones de plantas, comprensiones del cuerpo, prácticas de curación que habían demostrado eficacia empírica en sus contextos. La respuesta institucional fue, con frecuencia, una combinación de extractivismo y desprecio: se tomaban los principios activos útiles para convertirlos en fármacos patentables y se descartaba el marco conceptual del que procedían como mera superstición.

Este patrón tiene nombre: colonialismo epistemológico. El filósofo boaventuriano Boaventura de Sousa Santos lo llamó «epistemicidio»: la destrucción sistemática de formas de conocimiento que no encajan en el paradigma dominante. No como efecto colateral, sino como condición de posibilidad de la hegemonía científica occidental.

Lo relevante no es solo el daño histórico —aunque ese daño es real y documentable— sino la pregunta que plantea para hoy: ¿cuánto conocimiento potencialmente valioso seguimos descartando porque no llega al laboratorio con los formularios adecuados?

El criterio de demarcación y sus sombras

El filósofo Karl Popper propuso la falsabilidad como criterio para distinguir ciencia de no-ciencia: una afirmación es científica si puede, en principio, ser refutada por la evidencia. Es un criterio razonable y fecundo. Pero su aplicación institucional ha producido, en muchos casos, algo más parecido a un portero que a un árbitro.

Saberes que no se articulan en el lenguaje de hipótesis falsables —porque emergen de tradiciones orales, de prácticas comunitarias, de experiencias difícilmente estandarizables— quedan automáticamente fuera del campo de lo científicamente considerado. No porque hayan sido examinados y encontrados deficientes, sino porque no cumplen los requisitos formales de acceso.

Esto tiene implicaciones prácticas que afectan directamente a personas concretas. Las medicinas tradicionales de comunidades indígenas en América Latina, por ejemplo, son descartadas por defecto en los sistemas sanitarios públicos, no porque hayan sido evaluadas sistemáticamente, sino porque el coste de esa evaluación recae sobre quienes menos recursos tienen para realizarla. La barrera no es epistemológica; es económica y política.

Cuando la forma determina el contenido

Hay un supuesto implícito en buena parte de la práctica científica contemporánea: que el conocimiento verdadero es, por principio, formalizable, cuantificable y reproducible en condiciones controladas. Todo lo que no cumpla esas condiciones puede ser, a lo sumo, una hipótesis de trabajo en espera de validación.

Pero este supuesto es él mismo filosóficamente contestable. Hay dimensiones de la experiencia —el dolor, el duelo, la percepción estética, la comprensión moral— que resisten la reducción a variables sin perder precisamente lo que las hace significativas. Esto no significa que sean inaccesibles al pensamiento riguroso; significa que requieren formas de rigor distintas.

La fenomenología, la hermenéutica, la investigación cualitativa: estas tradiciones metodológicas existen precisamente para abordar lo que escapa a la medición. Y sin embargo, en muchos departamentos universitarios y en la mayoría de los sistemas de financiación, siguen siendo tratadas como ciencias de segunda categoría, útiles para explorar pero no para concluir.

La jerarquía del saber y quién se beneficia

No es casual que las formas de conocimiento excluidas por el paradigma científico dominante correspondan, con notable regularidad, a las producidas por poblaciones históricamente marginadas: mujeres, comunidades indígenas, culturas no occidentales, clases trabajadoras. La epistemología no es ajena a la política; es, en parte, su continuación por otros medios.

Esta observación no implica que todo saber sea igualmente válido o que la distinción entre evidencia y creencia sea irrelevante. Implica algo más matizado: que la aplicación de esa distinción ha sido, con frecuencia, selectiva. Que ciertos conocimientos han recibido el beneficio de la duda —y los recursos para demostrarse— mientras otros han cargado con la presunción de invalidez.

En el contexto español e iberoamericano, esto adquiere una dimensión particular. Somos herederos de una tradición que participó activamente en el colonialismo epistemológico y que al mismo tiempo fue, en ciertos periodos, objeto de la mirada condescendiente de las potencias científicas del norte de Europa. Esa doble posición debería hacernos especialmente sensibles a los mecanismos de exclusión del conocimiento.

Abrir el canon sin abandonar el rigor

La solución no pasa por relativizar todos los criterios de validación ni por equiparar la astrología con la astrofísica. Pasa por algo más difícil: distinguir entre los criterios epistemológicos genuinamente necesarios para producir conocimiento fiable y las barreras culturales, económicas y políticas que se han acumulado alrededor de ellos.

Algunos campos científicos han comenzado ese trabajo. La etnofarmacología, la medicina intercultural, la ecología de saberes propuesta por De Sousa Santos: son intentos de construir puentes sin disolver las diferencias, de aprender de otras tradiciones sin romantizarlas ni subordinarlas.

Una ciencia que se sabe poderosa tiene la obligación de preguntarse qué hace con ese poder. Decidir qué preguntas merecen respuesta es, quizás, el acto político más importante que cualquier institución puede ejercer. Hacerlo con conciencia crítica no es debilitar la búsqueda de verdad; es tomársela en serio.