Cuando las palabras mandan: el poder político escondido en el lenguaje científico

Existe una creencia ampliamente extendida, casi un artículo de fe en las sociedades modernas, según la cual la ciencia habla en un idioma sin acento. Sus términos serían universales, sus métricas imparciales, sus marcos conceptuales libres de la contaminación ideológica que enturbia el debate político. Esta convicción es, en sí misma, una posición política. Y es, además, una posición que merece un escrutinio riguroso.

La aparente neutralidad del lenguaje científico no es un punto de partida inocente: es un resultado histórico, moldeado por decisiones sobre qué se mide, cómo se nombra y quién tiene autoridad para hacerlo. Reconocer esto no equivale a negar el valor del método científico ni a caer en un relativismo fácil. Equivale, más bien, a tomarse en serio la exigencia de rigor que la propia ciencia proclama.

El mito de la terminología aséptica

Comencemos por un ejemplo aparentemente mundano: la noción de «capital humano». Este término, central en economía y en política educativa, convierte a las personas en activos cuantificables cuyo valor se mide por su productividad futura en el mercado. Cuando un informe de la OCDE o del Banco Mundial habla de «invertir en capital humano», no está describiendo una realidad objetiva: está imponiendo una ontología, una forma de ver a los seres humanos que privilegia su dimensión mercantil sobre cualquier otra.

El lenguaje no es transparente. Cada elección terminológica arrastra consigo una genealogía de supuestos. «Desarrollo» frente a «crecimiento», «paciente» frente a «usuario», «migración irregular» frente a «migración no documentada»: ninguna de estas opciones es equivalente. Cada una distribuye responsabilidades, activa marcos cognitivos distintos y favorece determinadas conclusiones políticas antes de que el análisis haya comenzado siquiera.

Métricas que legislan en silencio

Si el vocabulario puede ser ideológico, las métricas lo son con mayor frecuencia de lo que solemos admitir. El Producto Interior Bruto es quizás el caso más estudiado: un indicador diseñado en el contexto de la Segunda Guerra Mundial para medir la capacidad industrial de los estados, que terminó convirtiéndose en el barómetro universal del bienestar social. El PIB no contabiliza el trabajo doméstico no remunerado —realizado mayoritariamente por mujeres—, no descuenta la destrucción ambiental y trata por igual la producción de alimentos y la fabricación de armas.

Esto no es un fallo técnico que espera corrección: es una elección. Una elección que refleja qué tipo de actividades consideraba valiosas la economía política dominante en el momento de su construcción. Cuando los gobiernos declaran que «la economía va bien» basándose en el PIB, están reproduciendo, sin saberlo necesariamente, un juicio de valor sobre qué cuenta como prosperidad.

Algo semejante ocurre con los índices de inteligencia, las clasificaciones universitarias globales o los indicadores de «salud democrática» que elaboran organismos internacionales. Cada uno de ellos operacionaliza un concepto complejo —inteligencia, excelencia académica, democracia— reduciéndolo a variables que pueden medirse con los instrumentos disponibles. Pero esa reducción no es neutral: selecciona, jerarquiza y, en último término, prescribe.

El caso de la salud mental y la normalización estadística

La psiquiatría y la psicología clínica ofrecen un terreno especialmente fértil para este análisis. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales —el célebre DSM— es un documento científico en su forma, pero político en su historia. La homosexualidad figuró en sus páginas como trastorno hasta 1973, no porque nuevas evidencias biológicas la excluyeran, sino porque el movimiento de derechos civiles y la presión social transformaron el consenso profesional.

Este episodio no es una anomalía vergonzosa que ha quedado superada. Es una ventana hacia el mecanismo ordinario de construcción del conocimiento psiquiátrico. Qué conductas se clasifican como patológicas, qué umbrales definen la «normalidad», qué síntomas merecen tratamiento y cuáles se atribuyen a la voluntad del individuo: todas estas decisiones tienen consecuencias sobre quién recibe recursos, quién es estigmatizado y quién queda excluido de la protección institucional.

La noción de «trastorno de déficit de atención», por ejemplo, ha sido objeto de debates encendidos sobre si describe una condición neurológica real, un artefacto de sistemas educativos que no toleran la diversidad cognitiva, o una combinación de ambas cosas. La respuesta a esa pregunta no es solo científica: determina si se medica a millones de niños o si se reforma la escuela.

Ciencia situada: una herramienta, no una amenaza

La filósofa estadounidense Donna Haraway acuñó hace décadas el concepto de «conocimiento situado» para señalar que toda producción de saber ocurre desde un lugar, un cuerpo, una historia. Esto no significa que todos los conocimientos sean igualmente válidos o que la evidencia empírica sea irrelevante. Significa que el punto de vista del observador forma parte del resultado de la observación, y que ocultarlo —presentar el conocimiento como si brotara de ningún lugar— es una forma de poder.

En España y en América Latina, este debate tiene texturas propias. Las clasificaciones epidemiológicas internacionales, los estándares de diagnóstico y las políticas de salud pública llegan frecuentemente desde instituciones del Norte Global que han elaborado sus categorías a partir de poblaciones, contextos y valores distintos. Aplicarlas sin adaptación crítica no es un acto de rigor científico: es un acto de subordinación epistémica.

Leer entre líneas: una práctica de ciudadanía

Reconocer la dimensión política del lenguaje científico no debería paralizarnos ni conducirnos al escepticismo sistemático. Debería, en cambio, convertirse en una práctica habitual de lectura crítica. Cuando encontremos un informe que declara que «los datos muestran» algo, conviene preguntarse: ¿qué datos? ¿Recogidos por quién? ¿Con qué instrumento? ¿Qué quedó fuera del marco de medición?

Esta actitud no es hostilidad hacia la ciencia. Es, al contrario, la expresión más fiel del espíritu científico: la disposición a cuestionar los supuestos, incluidos los propios. Una sociedad que sepa leer críticamente el lenguaje de los expertos es una sociedad más difícil de manipular, más capaz de participar en las decisiones que le afectan y más honesta consigo misma sobre los valores que elige sostener.

La objetividad, como ideal regulativo, sigue siendo valiosa. Pero confundirla con la neutralidad es un error que tiene consecuencias políticas reales. La mente verdaderamente abierta no acepta el lenguaje técnico como si fuera el lenguaje de los hechos. Lo examina, lo interroga y, cuando es necesario, lo traduce.